El pasado 16 de abril, FONDENEX presentó ante el Juzgado de Valencia de Alcántara una denuncia contra el proyecto de construcción de una plata solar fotovoltaica híbrida en Cedillo, pues dicha instalación industrial se quiere erigir en un espacio natural protegido, concretamente en la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) “Río Rajo Internacional y Riberos” (ES0000368), en la ZEC (Zona de Especial Conservación) “Cedillo y Río Tajo Internacional” (ES4320002), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000 y también en el interior de la “Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional”, así declarada por la UNESCO en 2016.
El área es un espacio de campo, alimentación y cría de aves protegidas por la legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Estado Español y de la Unión Europea, tan valiosas como cigüeñas negras, milanos reales, buitres negros, águilas imperiales, grullas, etc…
El proyecto incumple de forma clara y escandalosa no solo tres Directivas de la Unión Europea, la de Aves, la de Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental, sino también la propia Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la de Evaluación de Impacto Ambiental del Reino de España. Se incumplen tantos artículos y preceptos que la denuncia de FONDENEX ha ocupado una extensión de 35 folios.
Pero además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por la que se autoriza el proyecto con fecha 23 de octubre de 2023, realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apoyándose en informes de la Junta de Extremadura, incumple los textos legales anteriormente enumerados, constituyendo en opinión de FONDENEX un fraude de ley, ya que la DIA ha ido desde el principio encaminada a dar luz verde a la planta industrial y su red de evacuación, ignorando información valiosa, tergiversando datos, proponiendo soluciones correctoras que no solucionan ninguno de los problemas ambientales planteados y, en definitiva, practicando un claro ejercicio de posible prevaricación, sin olvidar silencios clamorosos en las consultas del periodo de evaluación de impacto ambiental (Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife) e informes, sobre los que se ha basado la DIA, de sospechosa relación familiar entre autores de algunos de ellos y funcionarios de la Junta de Extremadura que evaluaban el proyecto.
El Juzgado mencionado ha dictado un auto por el que se incoan diligencias previas “por posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra la flora y fauna”, solicitando los expedientes y documentos oportunos al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Junta de Extremadura y a Iberdrola Así mismo, ha remitido un oficio a la Guardia Civil para que “informe sobre la protección vigente sobe los espacios que integran el proyecto”.
