LA NUEVA PLAZA EN EL ATRIO DE LA BASÍLICA DE SANTA EULALIA DE MÉRIDA: UN ATENTADO CONTRA UN MONUMENTO NACIONAL

En primer término, Hornito de Santa Eulalia, con los restos del templo romano de Marte. A ambos lados, el cerramiento construido en 1923, y destruido por el Ayuntamiento de Mérida. Detrás, la basílica de Santa Eulalia.

Los trabajos de construcción de este proyecto ya salieron a licitación pública y el presupuesto asciende a 1.500.000 Euros. Se pretende crear una gran plaza pública modernista, delante de un templo del siglo XIII-XVII, con “jardines verticales” (sic).

La basílica de Santa Eulalia, que fue uno de los principales centros de peregrinaje de la cristiandad durante varios siglos, fue declarada Monumento Nacional en 1912 y Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento en 1985. Ello supone que no sólo está protegido el edificio, sino también su entorno, en un radio de 100 metros, si se considera el templo, o de 200 metros si se considera el yacimiento arqueológico de su subsuelo, la cripta. Por tanto, no se puede realizar ninguna actuación urbanística en ese entorno, pues sería ilegal.

Por otro lado, el vigente Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección de Mérida (PGOU-PEP) en su artículo 9.15 del Título Noveno, Capítulo IV, especifica que la Basílica pertenece al Nivel III de Protección (Protección Normal), y en los Art. 9.22 y 9.23 se deja muy claro: que en las obras de urbanización e infraestructuras con remoción de la superficie o del subsuelo deberán realizarse los sondeos necesarios con medios mecánicos siendo preceptiva la excavación arqueológica si los sondeos son positivos.

FONDENEX ha solicitado en dos ocasiones al Consorcio de la Ciudad Monumental su informe sobre el proyecto de la plaza, sin conseguirlo, a pesar de ser una información a la que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder. Debido ello, ha solicitado el documento a través de la Mesa de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, que ha acordado instar al Consorcio a entregar a FONDENEX el informe solicitado por esta. También ha solicitado a la Junta de Extremadura la obligada autorización del proyecto, si existiera, y aunque la Directora General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, en una reunión celebrada con el Presidente de FONDENEX el pasado 13 de noviembre, delante de testigos, le comunicó que ni el Consorcio le había enviado el informe preceptivo ni su dirección general había autorizado las obras.

Si la Junta de Extremadura no había autorizado las obras, ¿cómo es posible que se hayan licitado las mismas? Y si hubiera autorizado el proyecto el anterior gobierno extremeño, ¿cómo explicar el claro incumplimiento de las leyes en materia de protección del patrimonio y del PGOU-PEP?

Todo ello, ha llevado a FONDENEX a presentar una denuncia contra los responsables de las obras que se están realizando ante los juzgados de Mérida el pasado día 20 de diciembre de 2023 y a advertir tanto a la Consejera de Cultura como a la Directora General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura que tan culpable de destrucción del patrimonio histórico es quien la ejecuta como quien la consiente.