FONDENEX habla de irresponsabilidad e incompetencia de los políticos para explicar como fue posible construir el edificio de Telefónica junto al arco de Trajano. ¿Cómo justificas esa afirmación tan contundente?
Lógicamente, un edificio de esta entidad no se levanta sin una mínima supervisión y sin el cumplimiento de unas normas legales.
Como ya hemos dicho, hace 75 años, ni había la sensibilidad actual con respecto al patrimonio histórico ni unas leyes tan protectoras como las actuales. Pero había estamentos de la sociedad cultos y sensibles y una legislación básica, pero que existía. Sólo valiéndose de las lagunas existentes en la protección de los monumentos nacionales (el arco de Trajano fue declarado como tal en 1912, durante el reinado de Alfonso XII), se pudo cometer aquel disparate. Éste debió parecer de tal calibre, que, como se dice vulgarmente, sólo por <<vergüenza torera>> se hizo un importante retranqueo del lugar que iba a ocupar el inmueble de Telefónica. Sin consentimiento del Alcalde de Mérida en 1954, del Director General de Bellas Artes y del Ministro de Educación, el esperpento no se hubiera podido cometer.
¿De cuándo data el primer Plan General de Ordenación Urbana de Mérida?
Mérida había pasado de ser una gran urbe en tiempo de los romanos y de los visigodos, a ser un pueblo casi fantasma con los moros. En 868, la población huyó de las represalias del gobernador por la enésima revuelta de los emeritenses y de las casi 75 hectáreas que ocupaba la ciudad romana se quedó reducida a sólo 25.
Con la llegada del ferrocarril en 1864, la trama urbana de Mérida empieza a cambiar y la ciudad experimenta un desarrollo notable, con frenazo durante la guerra civil.
Pero en 1945 el Ayuntamiento de Mérida no tiene más remedio que aprobar las <<Ordenanzas de la Edificación>>, con la finalidad de intentar promover de forma ordenada el desarrollo urbano de la ciudad que se producía ya de forma realmente anárquica.
El primer Plan General de Ordenación Urbana se aprobó en 1954. Ya entonces se consideró la enorme importancia del patrimonio histórico y arqueológico del casco antiguo. El documento fue redactado en Madrid por los arquitectos Rodolfo García-Pablos y Carlos Bailly, con la participación de la Jefatura de Urbanismo del Ministerio de la Gobernación y la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artes, con una participación municipal mínima. Se llegó a la conclusión que el nuevo modelo de desarrollo urbano pasaba por el salto a la margen izquierda del río Guadiana, bloqueando la ciudad entonces existente en sus límites y permitiendo de esa forma establecer un plan de excavaciones que permitiera recuperar los restos arqueológicos de su subsuelo. También se proponía completar esta actuación con un plan de reformas interiores parciales, con objeto de proteger los sectores de mayor valor arqueológico y monumental existentes dentro del casco consolidado. Y como propuestas curiosas para la época, la zona del hipódromo se propuso como ciudad jardín y las márgenes de los ríos Albarregas y Guadiana, como zonas verdes.
Pero las buenas intenciones de este PGOU quedaron en casi nada. De todas las propuestas, sólo se llevaron a cabo las variantes de las carreteras de Madrid y de Cáceres. Porque los buenos redactores madrileños del Plan no sabían que el enemigo estaba en Mérida: la construcción de nuevas edificaciones en el centro histórico se intensificó; las medidas para la protección del patrimonio cultural, esas, sí se paralizaron y, en 1959 se aprobaron unas Ordenanzas de Altura de las Edificaciones que permitieron un gran aumento de la edificabilidad, de las alturas y gran ocupación de las parcelas.
¿Cuándo comienza, de verdad, la destrucción sistemática del conjunto arqueológico de Mérida?
Durante los primeros cincuenta años del siglo XX, el patrimonio cultural de Mérida no sufrió daños muy graves. No había maquinaria potente, todo se tenía que hacer a <<pico y pala>>, y la economía, entre la Guerra de África, la gripe de principios de siglo (la mal llamada gripe española), la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, no daba para mucho más.
Es en los años sesenta cuando empieza la destrucción del patrimonio arqueológico de Mérida. Las obras de construcción empiezan a proliferar, los restos arqueológicos aparecen por doquier y son destruidos o sepultados sin consideración.
Tan grande debió ser el escándalo, que el 31 de enero de 1963, el entonces Ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, se vio obligado a intervenir en el desbarajuste existente. Por aquel entonces, Mérida tenía reconocida una veintena de Monumentos Nacionales, siendo responsabilidad de su conservación y protección la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), dependiente del citado ministerio.
Pero esta dirección general no tenía competencias sobre el entorno de los monumentos ni sobre el urbanismo de Mérida. De esta forma se pudieron construir edificios como el de la calle Graciano, que sobresalía por encima de la alcazaba árabe, declarado ilegal por la DGBA, pero con licencia del Ayuntamiento. Es más, la DGBA ordenó la demolición de las cuatro últimas plantas el 10 de julio de 1968, orden que fue ratificada por el Ministerio de Educación y Ciencia el 10 de julio de 1971. La propiedad ¡ni siquiera recurrió por la vía contencioso – administrativa!: tan segura estaba de que no iba a pasar nada. Las cuatro plantas nunca se derribaron.
La desesperación ante el ninguneo por el Ayuntamiento emeritense hacia la DGBA llegó a tal extremo, que ésta se dirigió, nada más y nada menos que al Ministro de la Gobernación (hoy, del Interior), haciendo constar que <<lamenta que la colaboración municipal no sólo es nula, sino que coloca a los administrados frente a los Servicios del Estado>>.
¿Pero porqué esta actitud del Ayuntamiento de Mérida hacia, como hoy es evidente, la mayor fuente de ingresos de la ciudad?
La Corporación Municipal de la ciudad, para justificar su comportamiento rebelde, alegaba que Mérida no estaba declarada <<Conjunto Histórico – Artístico>> y que por lo tanto, la DGBA sólo tenía competencias en los monumentos declarados, pero no en su entorno urbanístico
Por fin, el 8 de febrero de 1973, se publicó en el BOE número 50 de 27 de ese mes, un Decreto, firmado por el entonces Ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí y sancionado por el Jefe del Estado, por el que se declaraban <<Conjunto Histórico – Arqueológico>> diversas zonas de la ciudad de Mérida, detalladas en un plano anexo al expediente. La tutela de este conjunto quedaba <<bajo la protección>> del Estado y sería ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes por el Ministerio de Educación y Ciencia. Con este decreto, el Ayuntamiento perdía su argumentación.
¿Y qué hizo el Consistorio emeritense? ¿Acatar la nueva normativa legal? Pues no. Interpuso un recurso contencioso – administrativo contra el decreto, ya que si entraba en vigor sin recurrir, la Corporación Municipal quedaba sumisa ante las resoluciones de la DGBA. Ya no había duda sobre competencias.
Como curiosidad, reseñar que la Dirección General de Bellas Artes denunció en 1972: que de <<diez obras efectuadas sin la preceptiva aprobación de los respectivos proyectos por la DGBA, varias de ellas han sido realizadas o se llevan a cabo por un constructor que es a la vez Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión de Obras del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida>>.
La posición de la Corporación Municipal estaba muy clara: crear un conflicto entre ciudad antigua (romana, visigoda, árabe) y ciudad nueva; transmitir la idea que la ciudad antigua impedía el desarrollo de la ciudad nueva; minusvalorar la importancia de los restos históricos y arqueológicos para justificar impactantes actuaciones urbanísticas como las de las calles Graciano o Moreno de Vargas/Cárdenas, por no hablar de la calle Cervantes, donde se encontró el espéculo romano magnum matricis que se puede admirar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid; una calle con altísimos edificios a ambos lados en los que los vecinos casi se pueden dar la mano… O el edificio de Telefónica erigido a pocos metros del Arco de Trajano…
Y mientras se intentaba especular con los solares del casco antiguo, asentados sobre la urbe romana, curiosamente, se ralentizaba el desarrollo urbanístico del llamado Polígono Nueva Ciudad, al otro lado del río, la gran zona de expansión de Mérida. Era lógico que en cuanto esta zona empezara a albergar viviendas y zonas de servicio, los precios de los solares del centro serían más bajos.
Era como si la urbe romana careciera de valor y no pudiera ser fuente de riqueza. Craso error, que en el siglo XXI ha quedado en evidencia. Es curioso que los integrantes del Ayuntamiento de Mérida ignoraran los casos de tantas ciudades “antiguas” que basaban su economía en su Historia: Florencia, Venecia, Roma, Viena… Seguramente no viajaban mucho…
FONDENEX opina entonces que fueron los políticos de los años 50 del siglo XX los responsables del atentado contra el arco romano de Trajano.
Por supuesto. Claro que el contexto histórico no era para oponerse ni protestar, y menos contra una compañía del Estado como Telefónica. Pero vuelvo a repetir que alguna mente sensible y culta consiguió convencer a algún dirigente del régimen que aquello era un dislate, y el edificio se retranqueó, lo que entonces fue un éxito.
¿Y la responsabilidad de la clase política actual?
Pues en nuestra opinión, equiparable, por omisión, a la de por <<comisión>> del alcalde, director general de bellas artes y ministro del ramo de 1954. El edificio estaba en práctico desuso y ello era de conocimiento general. El impacto visual sobre el arco, comentario generalizado de visitantes y turistas. Y por si fuera poco, en 2022, prácticamente todos los medios de comunicación difunden que Telefónica lo ha puesto en venta. ¿No se enteró la Junta de Extremadura ni el Ayuntamiento? Suponemos que los grandes museos nacionales, como El Prado o el de Arte Romano de Mérida, están atentos a cualquier pieza que se vende y que está relacionada con sus colecciones.
Pero además, hay algo muy importante, y que ya hemos dicho: la legislación vigente permite la expropiación y derribo de un edificio que impida o perturbe la contemplación de los monumentos (Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 38-3).
¿Está luchando FONDENEX contra un gigante como es la Administración? ¿Tiene esperanza de recuperar la plena fisonomía del arco de Trajano?
A la primera pregunta, contesto con un sí rotundo, pero sin recurrir al manido ejemplo de David contra Goliath, que es mejor sustituirlo por Viriato contra las poderosas legiones romanas. Ganamos a lo largo de estos años a muchos gigantes: ahí está Cornalbo, el yacimiento de Morería o la cripta de Santa Eulalia. Nadie daba <<un duro>> por nuestras iniciativas. En cuanto a la segunda, lógicamente es una cuestión de tiempo. Puede que ni tú ni yo lo veamos, pero estamos convencidos que quienes nos sucedan podrán liberar totalmente el arco romano de Trajano, su calzada …y lo que todavía queda por descubrir.
¿He oido que vas a publicar un libro que narra de forma pormenorizada la destrucción y actividades de protección del patrimonio cultural de Mérida en el siglo XX?
Así es. Está finalizado a falta de algunos detalles. Se titulará <<La batalla de Mérida>>.
¿Haces quedar a muchos políticos en mal lugar?
No, yo no. Cada uno se retrata tal como actuó. Decía Leopold von Ranke que la HISTORIA era <<contar los hechos tal como pasaron o por lo menos lo más cerca posible de la verdad posible>>. Según él, tenía que ser el pasado el que hablara, que el historiador no tenía boca y puso de manifiesto un método: el filológico, que consistía en el recurso a los documentos. Las opiniones y actuaciones de quienes participaron en la destrucción del patrimonio histórico – artístico y arqueológico de Mérida, están todas abaladas por las hemerotecas, y en eso el HOY, es testigo fundamental.
